Alcaldes, un poco de atención a nuestros monumentos

11 octubre 1978

 

Ilustración G. Guinea

  Seguimos, pese a que se afirma que nuestro nivel cultural va “in crescendo”, desinteresándonos, casi colectivamente, en la defensa de nuestro patrimonio artístico y paisajístico. Parece que a todos nos da igual, en este país de mis pecados, que se carguen limpiamente rincones de belleza natural, que debían de ser intocables, y monumentos más o menos destacados, pero siempre dignos, con toda obligatoriedad de pervivir, por ser legados generacionales de historia y arte que nadie está autorizado a demoler o a modificar “libertariamente”, que muchas veces es peor que hacer política de “tabula rasa”.

   Existen leyes, bien claras y tajantes, que defienden nuestro paisaje natural y cultural, nuestros montes, nuestros ríos, nuestras casonas, castillos, torres, escudos, etc. Existen y ahí están el Decreto de 14 de marzo de 1963 sobre la protección de cualquier resto arquitectónico de mayor antigüedad de 100 años. El artículo 3º del citado decreto dice textualmente que “el cuidado de estas piezas y monumentos queda encomendado a los Ayuntamientos, los cuales serán responsables de su vigilancia y conservación debiendo poner, en conocimiento de la Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural, cualquier infracción de las normas vigentes”.

  Señores Alcaldes de la provincia de Santander, señores Secretarios de los Ayuntamientos de la misma provincia, ¿conocen ustedes este Decreto? Me imagino que sí, que son muy “sabedores”, como dice el pueblo, de la letra de esta normativa que se promulgó para defender nuestra riqueza monumental. Señores Alcaldes de la provincia de Santander, señores secretarios de los Ayuntamientos, pongan su mano derecha sobre el corazón y díganme, digan a sus subordinados, cuantas veces han comunicado a la Dirección General del Patrimonio Artístico, la demolición de una portalada antigua, el traslado y la venta de un escudo, la restauración o destrucción de una casona nobiliaria, la demolición de un puente antiguo, la aniquilación de una calzada romana, la venta de unos retablos, la realización de obras que pueden afectar a restos arqueológicos, la modificación de un paisaje urbano o natural que venga a modificar un ambiente visual e histórico de un pueblo o sus alrededores.

  Señores Alcaldes de la provincia de Santander, señores secretarios, por Ustedes tienen que pasar las autorizaciones de permisos de demolición, traslado o construcción que afecten a sus ayuntamientos. Yo les ruego, en nombre mío propio y en el de los demás ciudadanos de esta Cantabria tan amante de sus recuerdos y tan preocupada de su futuro, que cualquiera de estas actuaciones que pueda incidir sobre nuestro patrimonio, paisajístico y monumental, lo pongan en conocimiento de “a quien corresponda”, pero siempre antes de que el desaguisado se haya producido, a fin de evitar lo que más tarde es ya inevitable.

  Luchemos todos juntos, las autoridades y los vecinos de a pie, en que “desde ya”, como ahora se dice, no vuelvan a ofender la estabilidad y la permanencia de nuestras reliquias monumentales; que nadie pueda impunemente demoler casonas, vender escudos o retablos, asesinar a un paisaje, ensuciar un río, talar un árbol. Pero la denuncia de todo esto, tiene que partir del mismo sitio donde el desaguisado se vaya a producir. Dejémonos de tonterías y de equivocadas interpretaciones de compañerismo o vecindad. Lo que está mal, está mal lo haga quien lo haga, aunque ello parta de nuestro mejor amigo. La amistad no está por encima de intereses colectivos ni tiene por qué alzarse sobre una sensibilidad de cultura que no puede tolerar la destrucción de nuestros bienes artísticos, tradicionales, e incluso vitales. El amor hacia nuestro pueblo se demuestra, como el movimiento, andando. No vale decir sólo “Señor, señor” y luego desinteresarse absolutamente por toda acción positiva. La defensa de nuestros intereses de todo tipo, y entre ellos igualmente los culturales, requiere no una crítica soterrada y destructiva, sino una participación directa para, en lo que de nosotros dependa, colaborar en la consecución de resultados salvadores(115).

(115) Nota actual: Mi responsabilidad como Consejero Provincial de Bellas Artes, y ante algunas actuaciones en contra de nuestro patrimonio cultural que se realizaban en el mayor “secretismo”, sin ningún aviso previo y por lo tanto sin mi conocimiento, que podría haberlo evitado, me obligaba a utilizar mis charlas para dirigirme –como en este caso- en demanda de ayuda a quienes, por su cargo, tenían el deber de conocer las leyes. Como estas charlas tenían una separación de siete días, y a veces más, no resultaban repetitivas, cosa que ahora, que se pueden leer con pocos minutos de diferencia entre una y otra, sí pueden parecerlo.