Las viejas leyes de la defensa del patrimonio histórico artístico

20 abril 1977

Ilustración G. Guinea

  En esta España de mis pecados, y de repente, con vistas naturalmente puestas en las ganancias de votos para los próximos comicios, los partidos políticos, todos, sin excepción, airean algo que parecía que hasta ahora la sociedad había irresponsablemente marginado: la defensa de la Naturaleza y del patrimonio artístico y monumental, considerándolo poco menos que chaladuras de una minoría de soñadores que iban a contracorriente del progreso. Como entre estos chalados me encuentro yo, me parece que bien merece que me ocupe unos minutos, los que aquí tengo, en aclarar algunos conceptos en este aspecto. Lo primero que se me ocurre pensar, ante este despliegue “emocionado” de protección al campo, a nuestros ríos, a nuestro ambiente contaminado y a nuestras obras de arte, es que la inicial democracia que vivimos viene con una comprensión y un sentido cultural verdaderamente conmovedor. Desde ahora, mis queridos oyentes, parece que cortar un pino, enturbiar un río o echar abajo una capilla del siglo XVI va a ser algo imposible en esta España de nuevo rostro que se nos avecina. ¡Ojala sea así!, pero yo personalmente, con todo el escepticismo con que me ha cargado la experiencia de muchos años, simplemente no me lo creo. Porque veamos tan sólo un pequeño repaso de leyes, en este sentido, que tenemos – y desde hace muchos años-

  Nada menos que en 7 de julio de 1911 se dicta el Reglamento de excavaciones arqueológicas para la defensa de los yacimientos de este carácter. El 9 de agosto de 1926 sale en el Boletín Oficial el Real Decreto de “Protección, conservación y acrecimiento de la riqueza artística”. El 2 de julio de 1930 otro sobre “Enajenación de obras artísticas, históricas y arqueológicas”. Todo esto como resultado de una política de defensa dictada por el Gobierno de la Monarquía.

  Con la República aparece, el 13 de mayo de 1933, la Ley del Patrimonio Artístico Nacional, cuya normativa se amplía durante el régimen de Franco, con la creación de las Comisarías del Patrimonio Artístico y de Excavaciones, con el Decreto de 31 de julio de 1941 para la conservación y protección de los jardines artísticos y parajes pintorescos de España; del 22 de abril de 1949, para la defensa de los castillos, Ley de 22 de diciembre de 1955 insistiendo en la conservación del Patrimonio, Decreto de 14 de marzo de 1963 para salvar escudos, piedras heráldicas, casonas, etc.

  ¿Y para qué seguir? Sumen Ustedes a estas pocas que he dicho otras 30 o 40 más sobre los mismos particulares y uno piensa que, con pruebas en la mano, la idea que ahora propugnan los nuevos partidos políticos, ciertamente no la inventan ellos. Leyes hay, leyes tenemos y buenas, dictadas por la Monarquía, por la República y por Franco, lo que no impidió que, en unos y otros regímenes políticos, nuestros bienes ecológicos y culturales, se avasallasen, se exportasen y se destruyesen impunemente. La Iglesia perdió de sus bienes artísticos, en pocos años, por venta de imágenes, cuadros, retablos, etc., mucho más que destruyó la ley desamortizadora de Mendizábal.

  Nuestro mal, no está, pues, en la leyes ni, por tanto, en una conciencia, al menos minoritaria, de lucha por la defensa del patrimonio y de la ecología. El mal está desgraciadamente endémico en nuestro carácter; en nuestra falta de sensibilidad colectiva; en nuestro “a mí qué me importa” egoísta e indignante; en nuestra ignorancia; en nuestro equivocado planteamiento del “lavado de manos” individual evitando todo compromiso que nos afecte personalmente, en nuestra cobardía, en nuestra desgana. Y esto empezando por las autoridades de la Monarquía, de la República y de Franco, y terminando por el ciudadano más anónimo existente en cada uno de estos regímenes que nuestro país ha vivido últimamente.

  Está visto que la defensa de todos estos bienes culturales no depende de formas de Gobierno, sino de conciencia colectiva, de finura de alma que, feliz o desgraciadamente, nada tiene que ver con la política. Estas cualidades se han de conseguir, no por la redacción de excelentes y bien armados programas, sino por una educación de base que lleve, desde niños, al espíritu de los españoles su obligación, desde abajo arriba y desde arriba abajo, por la defensa de un legado tanto natural como monumental que debemos mantener, muy por encima de los bienes del mal llamado progreso. Lo demás es papel mojado, oportunismos de momento y pura demagogia electoral. Y esto a mi ya ni me convence, ni me conmueve(72).

(72) Nota actual: No creo que Cantabria haya seguido aplicando estas leyes de protección de monumentos, naturaleza, bienes culturales, paisaje, etc., pues en algunos de estos aspectos, al contrario, parece que se ha acentuado el desinterés por protegerlos. No haré más que mencionar unos pocos y llamativos en contra del paisaje, que viene bien defendido en varios puntos de nuestra Ley del Patrimonio Artístico, publicada en 1978 ,  y de villas monumentales como Santillana, Castro, Laredo que con la aparición de nuevas construcciones, y el efecto negativo del excesivo turismo, están perdiendo muchos de los atractivos que las hacían visitables.

Sígase por el desastre de un urbanismo alocado, que ha atacado sin contemplaciones a muchos solares costeros y no costeros que nunca debieron de dejar de ser no urbanizables. Esta especulación urbanística ha llevado a situaciones realmente inmorales, aceptadas tranquilamente por comisiones oficiales, que los juzgados han obligado a derribar. Los ejemplos de La Llama en Argoños, o del Cuco en Piélagos, son suficientes para revelar la total despreocupación de los políticos por las leyes.

Pero aún es poco. Pues se avecina, si Dios no lo impide, el destrozo total del paisaje, con la instalación de 750 aerogeneradores; está ya aprobado. El día que funcionen nos levantarán toda la provincia en el aire y no sé a qué galaxia nos llevarán. Las inconsecuencias políticas son inenarrables. Ya han sido advertidas del disparate de este proyecto. Lo harán, seguro, porque tienen el poder, no la legalidad. Pero nosotros también tenemos el derecho a oponernos, y a decirlo.